El uso del catalán en la judicatura de Andorra es una realidad incontestable, respaldada por la ley. Este hecho se convierte en un referente para quienes defienden la lengua en los tribunales de países vecinos, donde su uso se ve amenazado o marginado. Esta situación fue analizada en la jornada "El catalán en la justicia", organizada por Cultura Activa.
Guillem Soler, magistrado de Civil en Barcelona y portavoz de Àgora Judicial, destacó la preocupación por la situación del catalán en la justicia en Cataluña, donde solo un 6,5% de las sentencias se redactan en esta lengua. La última encuesta de usos lingüísticos ha encendido las alarmas entre abogados y jueces, quienes sugieren que Andorra debe anticiparse a posibles problemas.
"Debemos aprender mucho de vosotros, pero vosotros debéis entender que debéis proteger, pero cuando digo proteger no es por el hecho de excluir a nadie. Y, si lo vais perdiendo poco a poco, de generación en generación, lamentablemente se va diluyendo todo", afirmó Elena Gaju, abogada en París y Barcelona.
Soler también subrayó que Andorra tiene la ventaja de poder aprender de la situación en Cataluña para implementar medidas que eviten complicaciones futuras.
Desde la Administración, la visión es más optimista. Mònica Bonell, ministra de Cultura, Juventud y Deportes, aseguró que "la justicia no es una de estas instituciones en las que se haya puesto de manifiesto que hay problemas con el catalán". Además, afirmó que no han recibido quejas sobre el uso del idioma en el ámbito judicial y que las medidas implementadas están corrigiendo posibles riesgos a largo plazo.
A pesar de la fortaleza del catalán en los tribunales, el crecimiento demográfico y la situación del idioma en la calle invitan a no confiarse, aunque todos coinciden en que aún hay margen para revertir la situación.