El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que incluye un paquete de medidas urgentes por un total de 182,2 millones de euros, destinado a los afectados por la dana Adam, que provocó importantes daños entre el 17 y el 19 de octubre de 2026.
Las medidas abarcan diversas áreas, incluyendo apoyo agrícola, tributario y ayudas al comercio, turismo y hotelería, con un enfoque especial en el litoral mediterráneo, sur de Valencia y norte de Alicante, así como en las Islas Baleares. Además, se contemplan iniciativas fiscales y financieras para facilitar la reconstrucción de los municipios afectados.
El Decreto también prevé la financiación de gastos extraordinarios derivados de la dana Adam mediante recursos asignados en 2026 y 2027, y permite a los Ayuntamientos afectados utilizar su superávit presupuestario para financiar inversiones relacionadas con la catástrofe.
Ayudas al sector agrícola
El sector agrario recibirá un apoyo de 88,7 millones de euros, que incluye la recuperación de caminos agrícolas y ayudas directas para agricultores con pólizas de seguro agrario que hayan sufrido daños. Se les abonará hasta el 70% del coste de la póliza y se prevén medidas de financiación para facilitar créditos con ayudas a fondo perdido.
Obras de reparación y medidas para el comercio
Se destinarán 74,5 millones de euros a obras de reparación y mejora en la Comunitat Valenciana, así como 15 millones de euros para subvenciones al comercio, turismo y hostelería. Las ayudas directas oscilarán entre 5.000 y 10.000 euros según el tipo de establecimiento.
Beneficios fiscales
El Real Decreto Ley incluye exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los inmuebles dañados. También se prevén reducciones fiscales para actividades agrarias afectadas.
Medidas para catástrofes anteriores
Además, se extienden mecanismos financieros para paliar los efectos de otras catástrofes meteorológicas ocurridas en años anteriores, garantizando así una respuesta integral a las necesidades de las comunidades afectadas.