El Gobierno de España ha adoptado un conjunto de medidas urgentes para hacer frente a las repercusiones económicas y sociales derivadas de la guerra en Oriente Próximo. Este plan, que incluye 80 medidas, busca proteger a la ciudadanía y a los sectores más vulnerables, además de impulsar la soberanía energética del país.
La crisis en Oriente Próximo ha provocado una caída en las bolsas, disrupciones en el tráfico aéreo y bloqueos en el estrecho de Ormuz, afectando el tránsito de gas y petróleo. En respuesta, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio el 20 de marzo de 2026, con un presupuesto superior a los 5.000 millones de euros, beneficiando a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas.
Este plan ha sido actualizado en varias ocasiones, la última de ellas el 29 de septiembre de 2026, para continuar ampliando las medidas de protección. Las acciones se implementarán de forma gradual hasta su finalización prevista para el 31 de diciembre de 2026, con excepciones para ayudas directas a sectores como el transporte, la agricultura y la pesca.
Entre las medidas adoptadas se incluyen ajustes fiscales temporales, como la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos y la prórroga de ayudas al combustible, así como la limitación de incrementos en la Tarifa de Último Recurso del gas natural. Además, se contempla una rebaja del IVA de la luz para consumidores vulnerables y la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
El plan también refuerza la supervisión del mercado de carburantes y establece un régimen sancionador más estricto para el sector de hidrocarburos. Se han previsto ayudas directas para el transporte ferroviario y marítimo, así como medidas para proteger el empleo y fomentar la movilidad sostenible en las empresas.
Con estas acciones, el Gobierno busca no solo mitigar el impacto inmediato de la crisis, sino también avanzar hacia una economía más sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles.
