La Junta de Andalucía ha expresado su preocupación ante la inminente expiración, el 14 de noviembre, del protocolo del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y Mauritania. Esta situación amenaza con paralizar la actividad de una parte significativa de la flota pesquera andaluza.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que, tras el 15 de noviembre, 25 de los 60 buques europeos afectados, que tienen base en Andalucía, dejarán de estar autorizados para faenar en aguas mauritanas si no se encuentra una solución que garantice la continuidad de su actividad.
Fernández-Pacheco ha reiterado el apoyo de la Junta al sector pesquero y ha instado al Gobierno de España y a la Unión Europea a actuar con urgencia para evitar que los pescadores queden desamparados. "No podemos permitir que la falta de una solución a tiempo deje a nuestros barcos amarrados y ponga en riesgo cientos de puestos de trabajo", ha afirmado.
Las consecuencias de esta situación se extenderían más allá de la flota pesquera, afectando directamente a la actividad comercial de los puertos andaluces, especialmente el de Cádiz, donde se concentra una gran parte de las descargas y subastas de pescado procedente de Mauritania. Se estima que alrededor de 500 trabajadores de toda la cadena de valor, incluidos empleos directos e indirectos, podrían verse afectados.
Fernández-Pacheco ha recordado que la Junta ya ha trasladado esta preocupación al Ministerio en el Consejo Consultivo de Política Pesquera, insistiendo en la necesidad de buscar alternativas que aseguren la continuidad de la actividad. "Llevamos tiempo advirtiendo de este problema y ahora nos encontramos a las puertas de una fecha límite sin una solución que dé tranquilidad al sector. Es el momento de actuar", ha subrayado.
El consejero ha enfatizado que el Gobierno de España y la Unión Europea deben explorar "todas las vías posibles" para evitar la paralización de la flota, ya sea mediante la aplicación provisional de un nuevo protocolo o alguna fórmula transitoria que permita mantener la actividad. "Lo que está en juego no es solo el futuro de nuestros barcos, sino también el de cientos de familias que dependen de esta actividad", ha concluido.
