El Gobierno de Asturias ha lanzado un plan de acción para la lucha contra los incendios forestales que se extenderá hasta 2027, con un presupuesto superior a los 100 millones de euros anuales. Este plan se centra en la prevención y la protección de la población, especialmente en las zonas rurales más vulnerables.
El Boletín Oficial del Principado (Bopa) ha publicado el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para el próximo año, que organiza los recursos destinados a combatir el fuego. Este documento es parte de la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2026-2030.
Entre los objetivos del plan se encuentran la reducción del riesgo de incendios, la mejora de la gestión del territorio y el refuerzo de la protección de la ciudadanía. Para ello, se prevén nuevas actuaciones preventivas, el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia y extinción, así como mejoras en la coordinación ante emergencias.
Una de las medidas destacadas es la creación de una línea de ayudas de cinco millones de euros para los ayuntamientos, destinada a actuaciones preventivas en la interfaz urbano-forestal. Estas subvenciones financiarán la retirada de vegetación combustible y la creación de áreas de defensa.
Además, se desarrollará progresivamente la red de Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) para facilitar las labores de extinción, junto con un programa piloto de quemas controladas en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
El plan también dará continuidad al programa de autoprotección frente a incendios, financiado con fondos PIMA, que busca mejorar la preparación de la población en áreas de riesgo a través de acciones de sensibilización y formación.
En cuanto a la plantilla del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), se consolidará el aumento de personal registrado en los últimos años, lo que permitirá mejorar la cobertura territorial y la capacidad operativa ante incendios y otras emergencias.
El plan incluye inversiones para modernizar los recursos materiales, con la adquisición de vehículos y equipamientos especializados, así como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para reforzar la vigilancia y la coordinación de los dispositivos de emergencia.
De los más de 100 millones movilizados, más de 78 millones se destinarán al sistema público de prevención y extinción, con más de 53 millones para reforzar los recursos del Sepa y otros 30,7 millones para actuaciones de restauración ecológica y conservación del patrimonio natural.
